Morelia, Michoacán, a 03 de Agosto del 2018.- Para que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) salga de la profunda crisis financiera que arrastra y que es histórica, requiere soluciones de fondo y que sean integrales, remarcó Javier Paredes Andrade, Coordinador de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano.
La solución al constante problema de falta de recursos que enfrenta la Máxima Casa de Estudios del estado no está exclusivamente en destinarle recursos adicionales porque no hay recursos que alcancen si no se erradican los vicos y excesos que de fondo provocan esta crisis, remarcó.
En este sentido apuntó que si bien la medida planteada por Morena de que a través de medidas de austeridad se reduzca el gasto en el Congreso del Estado y esos recursos destinarlos a la UMNSH resulta positiva, no es la salida para realmente ayudar a la Universidad.
Paredes Andrade explicó que la Universidad Michoacana necesita mensualmente 220 millones de pesos para el pago de nómina y gastos de operación, por lo que la medida planteada por Morena apenas servirá para atender dos meses con el ahorro generado por las medidas de austeridad aplicadas al Legislativo local.
En este sentido el Coordinador de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano remarcó que la Universidad Michoacana también tiene que ser responsable, coadyuvar y poner de su parte para hacer las reformas necesarias para garantizar su viabilidad financiera sin afectar los derechos de sus trabajadores.
“Por más recursos que se le destinen, sin voluntad para entrarle a las reformas que son necesarias no habrá dinero que alcance”, remarcó Javier Paredes.
Coincidió en que el Congreso del Estado tiene que entrar de forma urgente también en una etapa de austeridad y erradicación de privilegios que tanto elevan su presupuesto, pero también quien debe entrar en esta dinámica, dijo, es la misma Universidad Michoacana.
De forma adicional, apuntó Javier Paredes Andrade, la Máxima Casa de Estudios de la entidad tiene que transparentar cómo usa los recursos públicos que recibe, así como también los mismos sindicatos que le prestan sus servicios.