Morelia, Michoacán a 31 de enero de 2018.- En razón de la circulación
de un documento presumiblemente de la Auditoría Superior de Michoacán
(ASM), en donde se asegura que me encuentro inhabilitado para ocupar
cargos públicos por 3 años, deseo manifestar lo siguiente:
1. Es falso que me encuentro inhabilitado para ocupar cargos de
elección popular, lo cual demostraré a la brevedad; por lo tanto, mis
derechos políticos de votar y ser votado están intactos y mi
postulación al Senado continúa vigente y con más fuerza que nunca.
2. Durante el periodo estipulado en el presunto documento de la ASM,
prácticamente no me desempeñé a cabalidad como Presidente Municipal de
Zitácuaro, porque sólo estuve los 4 primeros meses del año 2009, por
lo tanto, yo no firmé la cuenta pública anual, de la cual se
desprenden las imputaciones en mi contra; no fui un actor político
determinante, y no ejercí recursos de obra pública en ese año.
3. En el año 2009, la Ley de Fiscalización del Estado de Michoacán
establecía un periodo de 4 años para la prescripción de imputaciones
administrativas, y hoy en día, la Ley de Fiscalización establece un
periodo de 7 años para la prescripción; por lo tanto, es necesario
recordar que en México, un país que aspira a vivir bajo el imperio de
la ley, se debe observar a cabalidad la “no retroactividad de la ley,
en perjuicio de persona alguna”, por lo tanto, mis derechos
fundamentales como mexicano consagrados en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, deben ser respetados.
4. El presunto documento de la ASM, presenta enormes carencias y
deficiencias formales por demás evidentes, lo cual muestra la simpleza
y fragilidad del golpeteo que emprendieron intereses perversos, que se
encuentran molestos y muy temerosos por mi postulación al Senado de la
República, por mi Partido, el Revolucionario Institucional (PRI),
porque saben que los priístas habremos de ganar el Senado.
5. La presunta inhabilitación es improcedente y todos los actores
debemos sujetarnos al proceso y a las instancias correspondientes, es
este caso, a los tribunales en materia de justicia administrativa; por
lo tanto, públicamente pido que se me respete el debido proceso legal.
Lo reitero, este golpe artero de intereses perversos no habrán de
manchar mi carrera política, ni frenar mi camino hacia el Senado de la
República, desde donde pondré todo mi empeño para beneficio de los
michoacanos.